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Categoría: Nacional

¡“Traición a la patria”! Diputada Soraya Suárez exige castigo ejemplar por presunta venta de municiones militares a bandas haitianas

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que una persona permanece bajo investigación por el asalto a Gisac Jewelry.

Thierry Kenneth
Thierry KennethComunicadorlunes, 12 de octubre, 2026
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¡“Traición a la patria”! Diputada Soraya Suárez exige castigo ejemplar por presunta venta de municiones militares a bandas haitianas

EL DIARIO-DELA -DIASPORA.-  La diputada Soraya Suárez calificó como una posible “traición a la patria” la presunta venta de municiones pertenecientes al Ejército de la República Dominicana que habrían terminado en manos de bandas armadas haitianas, situación que consideró de extrema gravedad para la seguridad nacional.

La legisladora sostuvo que, de comprobarse los hechos, las personas involucradas deberían enfrentar sanciones severas, llegando incluso a plantear la cadena perpetua como castigo para quienes resulten responsables.

Exige investigar hasta las últimas consecuencias

Suárez reclamó al Gobierno dominicano una investigación exhaustiva que permita determinar si realmente se produjo la salida irregular de municiones militares y establecer quiénes habrían participado en la operación.

La congresista consideró necesario esclarecer cómo armamento o municiones bajo custodia militar podrían haber salido de los controles institucionales y llegado a manos de organizaciones criminales que operan en territorio haitiano.

Para la diputada, la gravedad de las denuncias exige una respuesta de las autoridades que permita identificar responsabilidades y establecer las medidas correspondientes conforme a la ley.

Cuestiona supervisión del Ministerio de Defensa

La legisladora también dirigió sus cuestionamientos hacia el ministro de Defensa, al plantear interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión del personal militar.

A su juicio, si se confirma que municiones del Ejército fueron comercializadas irregularmente, el caso podría poner de manifiesto fallas importantes en los procedimientos de vigilancia y custodia del material militar.

Suárez insistió en que las autoridades deben ofrecer explicaciones y garantizar que cualquier irregularidad sea investigada sin excepciones.

Preocupación por la seguridad nacional

La posibilidad de que municiones procedentes de instituciones militares dominicanas hayan llegado a grupos armados haitianos genera interrogantes sobre la seguridad de los arsenales, la trazabilidad del material y los controles internos.

No obstante, las denuncias deben ser esclarecidas mediante investigaciones oficiales, y cualquier responsabilidad individual tendrá que establecerse con pruebas y respeto al debido proceso.

Asimismo, la propuesta de cadena perpetua expresada por Suárez constituye una posición política de la legisladora y no significa que esa sanción sea automáticamente aplicable conforme a la legislación vigente.

La diputada reiteró su exigencia de que se investigue el caso y se determinen las responsabilidades correspondientes, al considerar que cualquier participación en el desvío de municiones militares hacia organizaciones criminales representaría un hecho de especial gravedad para el país.

Suárez no formuló su crítica en términos ambiguos. «Cuando se compruebe esto de las municiones, que sea cierto, porque hay que comprobarlo, y quiénes están detrás de esto, yo los metía presos por vida, si fuera legal», declaró la legisladora, consciente de que la cadena perpetua no está contemplada en la legislación dominicana para este tipo de delitos . Su planteamiento, por tanto, opera más como una expresión de la gravedad que atribuye a los hechos que como una propuesta normativa viable.

El núcleo de su argumento es que la investigación debe abarcar toda la cadena de responsabilidad. Suárez señaló que los altos funcionarios podrían ser «víctimas de actuaciones irregulares de sus subordinados», por lo que consideró necesario determinar cómo ocurrió el presunto traslado del material y quiénes participaron, sin limitarse al ministro de Defensa . Su postura introduce un matiz relevante en el debate: la posibilidad de que el desvío no sea producto de una orden jerárquica, sino de una red de complicidades que operó por debajo del conocimiento de los mandos.

La denuncia de Suárez se sustentó en el informe del Panel de Expertos del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, remitido el 24 de julio de 2026 y examinado el 3 de septiembre. El documento atribuye el desvío a «agentes corruptos de la policía y las Fuerzas Armadas Dominicanas» y documenta la sustracción de 908,001 unidades de municiones de las reservas de la Policía Nacional, entre ellas más de 489,000 cartuchos de 9 milímetros, 230,000 de calibre 5,56 x 45 mm, 26,000 de 7,62 x 39 mm y 93,000 cartuchos de escopeta .

En el caso del Ejército, el informe identificó municiones marcadas con las siglas «ERD» en poder de la banda 400 Mawozo. Estas municiones habrían sido fabricadas por la Industria Militar de Colombia (Indumil) y formaban parte de contratos firmados en 2022 con el Ejército y el Ministerio de Defensa dominicanos. En diciembre de 2025, un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano fueron arrestados en San Juan de la Maguana transportando 1,516 cartuchos en una motocicleta . El informe también documenta municiones de calibre .50 fabricadas en República Dominicana en la década de 1950, de las cuales al menos 15 de 32 cartuchos incautados a la banda en 2026 fueron producidos en el país .

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, respondió a la controversia el 27 de octubre, casi tres semanas después de las declaraciones de Suárez. Su estrategia argumentativa consistió en reencuadrar el informe de la ONU como producto de la propia cooperación dominicana: «Todos los casos que ellos señalan han sido proporcionados por nosotros y están judicializados» .

Fernández Onofre reveló que entre los sometidos a la justicia figura un teniente, aunque no ofreció su identidad ni precisó el estado del expediente. Aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen controles computarizados sobre sus inventarios de armas y municiones, actualizados de forma permanente, y que más de 11,000 militares están desplegados en la frontera con Haití . El canciller Víctor «Ito» Bisonó añadió un elemento adicional: las municiones de calibre .50 identificadas tienen más de cinco décadas de antigüedad, lo que sugiere que su desvío podría remontarse a décadas atrás y no a una operación reciente .

La denuncia de Suárez no fue un acto aislado. El partido Fuerza del Pueblo emitió una declaración institucional advirtiendo que el desvío de municiones «no constituye un simple fallo administrativo, sino que representa una amenaza directa y flagrante a la seguridad nacional», y exigió una investigación independiente que determine «la cadena completa de custodia, la trazabilidad, origen, uso y destino final» del material .

Otros diputados se sumaron a la exigencia de esclarecimiento con matices diversos. Charlie Mariotti calificó las revelaciones como «una acusación muy seria» y subrayó que «la frontera no es donde termina la República Dominicana, la frontera es donde empieza el país» . Kenia Felicia Bidó llamó a la prudencia: «No podemos hablar de traición a la patria cuando no conocemos todos los detalles» . Ramón Raposo fue más crítico al señalar que «hasta que los sectores de poder y el Gobierno no asuman la voluntad política de atacar de manera directa las mafias que se nutren del trasiego haitiano, lamentablemente vamos a ver casos como estos» .

La expresión «traición a la patria» tiene en República Dominicana una carga histórica y política que trasciende su significado jurídico. Suárez la utilizó para describir un hecho que, si se confirma, implicaría que instituciones del Estado dominicano facilitaron —por acción u omisión— el armamento de las bandas que desestabilizan al país vecino y que, según el discurso oficial dominicano, representan una amenaza directa a la seguridad nacional.