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PARAGUAY: EL COLAPSO DE UENO BANK PROVOCA LA CAÍDA DEL PRESIDENTE SANTIAGO PEÑA Y DESATA UNA CRISIS INSTITUCIONAL

La quiebra de la entidad financiera, que afectó a cerca de tres millones de clientes y comprometió importantes recursos públicos, desencadenó una crisis política que terminó con la destitución del mandatario. Pedro Alliana asumió la Presidencia, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre las posibles irregularidades financieras.

Yves Daniel
Yves DanielRedactorsábado, 7 de noviembre, 2026
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PARAGUAY: EL COLAPSO DE UENO BANK PROVOCA LA CAÍDA DEL PRESIDENTE SANTIAGO PEÑA Y DESATA UNA CRISIS INSTITUCIONAL

EL DIARIO-DELA -DIASPORA.- Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas y financieras de los últimos años tras el colapso de Ueno Bank, una entidad bancaria digital cuya intervención por parte del Banco Central dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas y provocó una fuerte conmoción en el sistema financiero nacional.

La crisis, que comenzó a principios de noviembre, tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito económico y alcanzaron directamente al Gobierno. El presidente Santiago Peña, quien había mantenido vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad financiera, presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, en medio de las manifestaciones ciudadanas y del avance de un procedimiento de juicio político en su contra.

Sin embargo, su salida no se limitó a una renuncia voluntaria. El proceso político continuó en el Congreso y culminó con su destitución mediante un juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana asumió posteriormente la jefatura del Estado.

El caso ha abierto un nuevo escenario de incertidumbre institucional en Paraguay, mientras las autoridades judiciales investigan las circunstancias que rodearon el deterioro financiero de la entidad y sus posibles conexiones con decisiones adoptadas durante la administración de Peña.

El colapso de Ueno Bank deja a millones de clientes sin acceso a sus ahorros

El origen de la crisis se encuentra en la situación financiera de Ueno Bank, una institución que experimentó un rápido crecimiento en el mercado paraguayo y llegó a contar con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de alrededor de 6,5 millones de habitantes.

El martes 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la intervención de la entidad mediante un procedimiento de resolución, después de detectar graves problemas de solvencia y deficiencias en el cumplimiento de los requisitos financieros establecidos por la regulación bancaria.

La decisión provocó la interrupción del acceso habitual a las cuentas de los clientes, quienes encontraron dificultades para consultar sus saldos, realizar operaciones y disponer de sus recursos. La situación generó preocupación entre familias, trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios que utilizaban los servicios de la entidad para administrar sus ingresos y realizar transacciones cotidianas.

El impacto también alcanzó a instituciones públicas. Según informaciones de Reuters, Ueno Bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos relacionados con entidades estatales y fondos de pensiones. La magnitud de los recursos comprometidos y el número de personas afectadas convirtieron el caso en una emergencia financiera y social, aumentando las exigencias ciudadanas de transparencia y rendición de cuentas.

Los vínculos empresariales de Santiago Peña bajo investigación

La crisis bancaria adquirió una dimensión política cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre los vínculos anteriores del presidente Santiago Peña con el grupo empresarial propietario de Ueno.

Peña había mantenido relaciones comerciales con el Grupo Vázquez, vinculado a la propiedad de la entidad financiera, hasta marzo de 2025, según las informaciones recogidas por Reuters.

Las relaciones empresariales anteriores del mandatario, junto con las decisiones relacionadas con la administración y supervisión de los recursos públicos depositados en el banco, se convirtieron en objeto de cuestionamientos por parte de sectores de la oposición.

Entre las principales acusaciones figuran posibles conflictos de intereses, presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos y eventuales influencias sobre decisiones de organismos estatales para mantener depósitos en la institución financiera.

Peña ha rechazado las acusaciones de irregularidades y ha defendido su posición frente a las investigaciones. Su defensa también ha cuestionado los procedimientos impulsados en su contra. En medio de las presiones políticas y sociales, el mandatario anunció su renuncia el 5 de noviembre. No obstante, el Congreso continuó con el proceso de juicio político, que terminó con su destitución.

Pedro Alliana asume la Presidencia en medio de la crisis

Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay, en un momento particularmente delicado para las instituciones políticas y económicas del país. El cambio de Gobierno se produjo en medio de protestas ciudadanas, cuestionamientos de la oposición y exigencias de que se esclarezcan las responsabilidades relacionadas con el colapso de la entidad financiera.

La nueva administración enfrenta varios desafíos inmediatos: recuperar la confianza de los ahorristas, garantizar la devolución de los depósitos, esclarecer el destino de los recursos públicos comprometidos y asegurar la estabilidad del sistema financiero. La crisis también provocó cambios dentro de las autoridades económicas del país. El entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dejó su cargo y posteriormente fue incluido en las investigaciones judiciales relacionadas con el caso.

La investigación judicial avanza y alcanza la residencia presidencial

Las consecuencias del escándalo continúan desarrollándose en el ámbito judicial.

De acuerdo con Reuters, Santiago Peña fue detenido tras su destitución y enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos delitos de abuso de confianza y administración en beneficio propio. El exmandatario niega haber cometido irregularidades y se ha declarado no culpable.

El jueves 12 de noviembre, agentes de la Fiscalía realizaron un registro en la residencia presidencial de Asunción como parte de las investigaciones sobre el caso. Según el Ministerio Público, las operaciones tenían como objetivo recopilar información y extraer datos relevantes para el proceso judicial que involucra al exmandatario.

La actuación representa un hecho excepcional en la historia institucional paraguaya y refleja la dimensión que ha adquirido la investigación. Las autoridades también investigan a antiguos responsables y directivos de la entidad financiera por posibles irregularidades en su administración y en las operaciones crediticias.

Un desafío para la estabilidad económica de Paraguay

Más allá de sus consecuencias políticas, el caso Ueno Bank representa un importante desafío para la economía paraguaya.

La paralización de las operaciones de una entidad con millones de clientes y una presencia significativa en el sistema de pagos ha generado preocupación sobre la protección de los depósitos y la capacidad de supervisión de las instituciones financieras.

El Banco Central y las autoridades competentes han puesto en marcha mecanismos para facilitar la devolución de los recursos a los ahorristas. Reuters informó que, hasta el 7 de noviembre, aproximadamente 160 millones de dólares habían sido desembolsados a cerca de 1,2 millones de depositantes mediante el sistema de garantía de depósitos.

Sin embargo, el proceso de recuperación de la confianza requiere no solamente garantizar los recursos de los clientes, sino también esclarecer las causas del colapso y establecer las responsabilidades correspondientes. La agencia calificadora Fitch Ratings, por su parte, colocó la calificación soberana de Paraguay bajo observación negativa ante los posibles efectos de la crisis sobre las finanzas públicas, el crecimiento económico y la estabilidad institucional.

El caso Ueno Bank ha dejado al descubierto la estrecha relación entre la supervisión financiera, la transparencia en la administración pública y la confianza ciudadana.

Mientras continúan las investigaciones y el nuevo Gobierno enfrenta sus primeros desafíos, Paraguay debe responder a una pregunta fundamental: cómo garantizar que una crisis bancaria de esta magnitud no vuelva a comprometer los ahorros de millones de ciudadanos ni la estabilidad de sus instituciones democráticas.