Juez dicta coerción contra presuntos organizadores de viajes ilegales
La Armada dice que los imputados organizaban viajes en las regiones este y noreste.


EL DIARIO-DELA -DIASPORA.- Un juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná impuso medida de coerción consistente en presentación periódica durante seis meses contra los imputados Enerson Vilorio Eusebio y Ramón Francisco Soco Batista señalados como presuntos capitanes de una embarcación clandestina interceptada por la Armada de República Dominicana (ARD), el pasado 5 de octubre, a unas 18 millas náuticas al norte de cabo Cabrón, Samaná.
Se informó que la embarcación transportaba a 62 personas que presuntamente intentaban llegar clandestinamente a Puerto Rico, entre ellas una menor de edad y cinco haitianos.
Según la investigación que realizada por la División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana (ARD) los imputados Vilorio Eusebio y Soco Batista tenían una estructura dedicada a organizar viajes marítimos clandestinos desde las regiones este y nordeste del país.
Se informó que el proceso de investigación continúa con la finalidad de identificar a otros posibles implicados.
La Armada reafirmó su compromiso de combatir el tráfico ilícito de migrantes mediante operaciones de vigilancia e interdicción marítima, en coordinación con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y el Ministerio Público, y exhortó a la población a evitar estas travesías que ponen en grave riesgo la vida humana en el mar.
La embarcación transportaba a 62 personas que presuntamente intentaban llegar de manera clandestina a Puerto Rico. Entre los ocupantes había una menor de edad y cinco ciudadanos haitianos . La Armada interceptó la travesía en aguas del noreste dominicano, en una zona utilizada con frecuencia por las redes de tráfico ilícito de migrantes que operan desde las regiones este y nordeste del país.
Según la investigación realizada por la División de Inteligencia Naval de la Armada, los imputados formaban parte de una estructura dedicada a organizar viajes marítimos clandestinos desde esas regiones . El proceso investigativo continúa con el objetivo de identificar a otros posibles implicados en la organización .
La decisión del tribunal de Samaná de imponer presentación periódica y no prisión preventiva sitúa a ambos imputados bajo control judicial mientras avanza el proceso. La medida los obliga a comparecer ante las autoridades en los plazos que se establezcan, pero no implica una privación de libertad inmediata . Ninguno de los dos ha sido condenado; la investigación y el proceso judicial continúan.
La Armada reafirmó su compromiso de combatir el tráfico ilícito de migrantes mediante operaciones de vigilancia e interdicción marítima, en coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y el Ministerio Público, y exhortó a la población a evitar estas travesías, que ponen en grave riesgo la vida humana en el mar .
El caso de Samaná no es un incidente aislado. La ruta marítima hacia Puerto Rico es una de las más utilizadas por las redes de tráfico de migrantes en el Caribe, y las autoridades dominicanas han intensificado en 2026 las operaciones de interdicción y judicialización contra sus organizadores.
En septiembre de 2026, un tribunal de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva contra Vladimir Lajara Aguasvivas, alias «el Mello», señalado como organizador de una estructura que operaba hacia Puerto Rico. En dos operaciones coordinadas con el Servicio de Guardacostas estadounidense fueron interceptadas 128 personas 77 en una travesía y 51 en otra. Otros tres implicados, entre ellos un presunto capitán, recibieron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país . Los imputados podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión conforme a la Ley núm. 46-25, que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, especialmente por circunstancias agravantes como el intento de trasladar a personas prófugas de la justicia y a decenas de haitianos indocumentados .
En octubre de 2026, la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó medida de coerción contra Egar Arístides Encarnación Beltré, presunto capitán y organizador de viajes ilegales, consistente en garantía económica de 300 mil pesos, presentación periódica durante seis meses e impedimento de salida del país .
A escala nacional, la Dirección General de Migración informó que en lo que va de 2026 ha judicializado 49 casos por delitos migratorios, de los cuales 32 corresponden a tráfico ilícito de migrantes . En 2025, la institución judicializó 207 casos, 159 de ellos por tráfico ilícito . Las cifras reflejan una presión sostenida sobre un fenómeno que no se limita a una ruta o a una estructura, sino que se reproduce en múltiples puntos de la geografía dominicana.
La medida impuesta a Vilorio Eusebio y Soca Batista es, en términos judiciales, relativamente benigna: presentación periódica, sin cárcel. Para el Ministerio Público, la prioridad en esta fase es identificar a los escalones superiores de la estructura —financiadores, coordinadores, contactos en Puerto Rico— antes que asegurar la reclusión de los capitanes, que son el eslabón más visible y reemplazable de la cadena.
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