Director de la PN responde a querella por intercambios de disparos: «No hay condena sin pruebas»
Rodríguez García reaccionó a la acción legal presentada por abogados en su contra.


EL DIARIO-DELA -DIASPORA.- El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, defendió este miércoles la necesidad de presentar pruebas para sustentar las acusaciones, ante la querella interpuesta por abogados en su contra por las muertes ocurridas en los denominados intercambios de disparos.
«Cuando tratamos de una acusación, esa acusación se hace efectiva siempre y cuando haya pruebas. No hay condena sin pruebas; eso me enseñaron ellos», expresó el oficial al referirse a los juristas, a quienes reconoció como antiguos profesores suyos.
Abordado a su salida de la misa por el Día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional, el jefe policial recordó las enseñanzas recibidas sobre el respeto a los derechos ajenos y el cumplimiento de las leyes.
En una instancia que depositaron ante la Procuraduría General de la República, siete abogados, encabezados por Carlos Balcácer, solicitan al Ministerio Público una «investigación inmediata e independiente» sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales.
Cuestionan esos decesos, registrados desde el 17 de agosto al 28 de septiembre, y presentados como «actuaciones legales o intercambios de disparos» sin previa investigación independiente por parte de los fiscales.
Defiende transformación policial
Al referirse al proceso de reforma de la institución, Rodríguez García aseguró que la transformación policial continúa, aunque reconoció que se trata de un proceso largo.
«Estamos en camino, un camino largo, pero lo estamos recorriendo. La transformación policial no se detiene, pero siempre teniendo en cuenta mantener el orden y la paz aquí en nuestro país», manifestó.
El director policial también llamó a las familias dominicanas a educar a sus hijos en valores, integridad y principios éticos y morales, al considerar que estos son fundamentales para la convivencia social.
Asimismo, afirmó que la Policía Nacional mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la defensa de las personas más vulnerables.
La acción legal fue depositada el 20 de octubre por siete juristas encabezados por Carlos Balcácer, junto a Cándido Simón, Manuel Sierra, Enrique Vallejo Garib, Valentín Medrano, Ibo René Sánchez y Guarionex Ventura. La querella, con constitución en parte civil, apunta directamente contra Rodríguez García por la muerte de al menos 47 jóvenes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026 en operativos policiales presentados oficialmente como enfrentamientos armados .
Los querellantes sostienen que la cifra real es mucho mayor. En distintas declaraciones públicas han hablado de más de 200 víctimas e incluso de cerca de 250 personas fallecidas desde diciembre en circunstancias similares . La acusación jurídica se articula en torno a la figura de «inducción», prevista en el párrafo primero del artículo 3 del nuevo Código Penal dominicano: el director policial habría propiciado, tolerado o alentado que agentes del DICRIM cometieran homicidios sin agotar los protocolos legales .
El argumento ¿dónde están las armas?
El núcleo de la querella no es una denuncia genérica de abuso, sino una objeción procedimental concreta. Los abogados argumentan que, si se produjeron cientos de «intercambios de disparos», debe existir la misma cantidad de armas de fuego debidamente procesadas bajo cadena de custodia para verificar su numeración e historial balístico . «Si sucedieron 200 intercambios, tiene que haber necesariamente 200 armas. Y esas armas tienen que ir a cadena de custodia para determinar la numeración de las mismas», sostuvo Valentín Medrano .
Los juristas también denuncian que la Policía no acordona ni protocoliza la escena del crimen ni espera la llegada del médico legista en estos casos, a diferencia de lo que ocurre en otros hechos de violencia . Como evidencia concreta, citaron el caso de Aneury Santiago Cabrera, alias «Lucifer», muerto a manos de la Policía el 13 de octubre en el Ensanche La Paz. Según los querellantes, registros de cámaras de la zona oeste muestran a dos agentes del DICRIM en motocicleta recogiendo los casquillos del lugar tras colocar el cadáver en una camioneta, supuestamente para ocultar las huellas del crimen y el origen real de las armas .
El mayor general Rodríguez García no entró a debatir los casos específicos ni la cifra de víctimas. Su respuesta se centró en un principio procesal: «Cuando tratamos de una acusación, esa acusación se hace efectiva siempre y cuando haya pruebas. No hay condena sin pruebas; eso me enseñaron ellos» . La frase tiene una carga particular porque el propio director policial reconoció a los juristas querellantes como antiguos profesores suyos, y utilizó esa relación para subrayar que su formación jurídica le impide aceptar acusaciones sin sustento probatorio .
Rodríguez García también aprovechó la ocasión para referirse al proceso de transformación policial, que aseguró continúa pese a las críticas. «Estamos en camino, un camino largo, pero lo estamos recorriendo. La transformación policial no se detiene, pero siempre teniendo en cuenta mantener el orden y la paz aquí en nuestro país», declaró . Asimismo, afirmó que la institución mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y llamó a las familias dominicanas a educar a sus hijos en valores, integridad y principios éticos .
Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional el 16 de agosto de 2026, designado por el presidente Luis Abinader mediante decreto y ascendido a mayor general en el mismo acto . Su nombramiento formó parte de una reorganización del tren gubernamental que incluyó el relevo de varios titulares institucionales. Apenas dos meses después de asumir, se encontró con una querella que cuestiona la actuación de la institución que dirige y que, por su naturaleza, trasciende su persona para instalarse en el debate sobre las prácticas policiales en República Dominicana.
La querella fue depositada inicialmente ante la Fiscalía del Distrito Nacional, aunque los abogados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República . La distinción no es menor: según Manuel Sierra, la querella se presentó ante la Fiscalía del Distrito Nacional y no ante la Procuraduría porque el director policial cuenta con jurisdicción privilegiada, lo que implica que el Ministerio Público debe resolver primero si procede o no la investigación . Los querellantes advirtieron que, si el Ministerio Público no actúa en un plazo prudente, acudirán ante un juez de la Instrucción para forzar el proceso .
La respuesta de Rodríguez García —«No hay condena sin pruebas»— es, en abstracto, una afirmación incontrovertible. El problema es que los querellantes no piden una condena: piden una investigación independiente que determine si las pruebas existen o no. Su argumento es que, precisamente porque las pruebas no han sido preservadas (las armas no aparecen, las escenas no se protocolizan, los casquillos se recogen sin cadena de custodia), la afirmación del director policial se convierte en una petición de principio: no hay pruebas porque no se han recogido, y no se han recogido porque la institución que él dirige no ha garantizado su recogida.
«Estamos siempre respetando los derechos humanos, por eso estamos defendiendo los derechos de los que menos pueden», concluyó.
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