Amnistía Internacional insta a “investigación independiente” tras muerte de haitiano en Punta Cana
La directora para para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, dijo que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad no solo de investigar esta muerte, “sino de poner fin a las políticas y prácticas que violan derechos humanos y discriminan a las personas por su origen nacional o color de piel”.


EL DIARIO-DELA -DIASPORA.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, instó a que la muerte de un ciudadano haitiano durante un operativo migratorio en Verón, Punta Cana, debe ser investigada de manera “imparcial” e “independiente” para garantizar justicia para su familia.
“Ninguna muerte en el contexto de operativos migratorios debe quedar sin investigarse. Las autoridades dominicanas están obligadas a garantizar una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva que esclarezca lo ocurrido, determine responsabilidades y asegure justicia para su familia”, expresó Piquer a través de un comunicado de prensa.
La pasada semana, el sábado tres de octubre, un haitiano de 23 años murió tras recibir un disparo durante un operativo realizado por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en el sector Villa Playboy. De acuerdo a informes preliminares, en ese sector se reportaron enfrentamientos donde manifestantes lanzaron piedras, botellas y objetos contra agentes de la Policía Nacional, lo que obligó a las autoridades a desplegar medidas de control en el área.
A pesar de que han pasado varios días del hecho, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido; en el documento de prensa, Piquer reseñó que es de “vital importancia” que sean explicadas las circunstancias en que se autorizó el uso de armas de fuego durante el operativo.
Según los reportes preliminares recogidos por medios dominicanos, el incidente ocurrió la tarde del sábado 3 de octubre, cuando agentes de la DGM ejecutaban un operativo dirigido a detectar extranjeros en condición migratoria irregular. Durante la intervención se produjo una persecución; Rodler habría intentado evadir a los agentes y terminó sobre el techo de un centro médico de la zona, donde recibió un disparo y cayó al pavimento .
El médico legista determinó de forma preliminar que la muerte se produjo por un shock hemorrágico asociado a una herida de proyectil en el costado izquierdo del tórax. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís para los procedimientos correspondientes . Hasta la fecha de la declaración de AI, las autoridades dominicanas no habían ofrecido una versión oficial detallada sobre las circunstancias en que se produjo el disparo ni sobre si se trató de un uso legítimo de la fuerza .
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, fue la voz que articuló la posición de la organización. Su declaración combinó una exigencia procesal concreta —la investigación con las cuatro características mencionadas con una advertencia sobre el contexto estructural en el que ocurren estos hechos.
«Ninguna muerte en el contexto de operativos migratorios debe quedar sin investigarse», afirmó Piquer, y subrayó que las autoridades están obligadas a «esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y asegurar justicia para su familia» .
El núcleo de la advertencia de AI se centró en el uso de la fuerza letal. Piquer señaló que es «vital» que las autoridades expliquen «cabalmente las circunstancias en que se emplearon armas de fuego», determinen si su uso fue legítimo y examinen «posibles motivos discriminatorios» en la actuación de los agentes . La organización recordó que el uso intencional de fuerza letal solo es admisible cuando es «estrictamente inevitable para proteger una vida», y fue categórica al afirmar que «la situación migratoria de una persona nunca justifica el uso ilegítimo de la fuerza» .
La declaración de Amnistía no se limitó al caso individual. Piquer vinculó la muerte de Rodler con un patrón documentado por la propia organización y por colectivos dominicanos y haitianos: perfilamiento racial, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras formas de violencia y discriminación en el marco de las políticas migratorias del Estado dominicano .
«Las autoridades deben tener en cuenta este contexto en sus investigaciones», sostuvo Piquer, y añadió que la ausencia de investigaciones efectivas «alimenta un clima de impunidad que permite que estos abusos continúen» . La organización fue más allá al señalar que el Estado dominicano tiene la obligación no solo de investigar esta muerte, sino de «poner fin a las políticas y prácticas que violan derechos humanos y discriminan a las personas por su origen nacional o color de piel» .
El telón de fondo es el plan de deportaciones masivas implementado por el gobierno de Luis Abinader desde octubre de 2024, que fijó como meta la repatriación de 10.000 haitianos por semana. Según cifras oficiales citadas por EFE, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250.429 haitianos indocumentados . AI ya había advertido en 2024 que esa política «podría intensificar las prácticas ilegales existentes de expulsiones colectivas» .
La respuesta institucional y el estado del caso
La Dirección General de Migración no difundió información oficial sobre el operativo ni sobre las circunstancias específicas del disparo en los días posteriores al hecho . Las autoridades mantuvieron abierta una investigación para «establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las eventuales responsabilidades» .
El caso adquirió una dimensión adicional cuando el colectivo HaitianosRD denunció que entre septiembre de 2025 y octubre de 2026 diez haitianos han muerto bajo custodia de autoridades dominicanas, durante persecuciones migratorias o a manos de agentes. La organización calificó estos hechos como «resultados de una política sistemática de terror de Estado» y señaló que Rodler murió el día en que cumplía 24 años aunque los medios dominicanos lo habían identificado inicialmente como de 23 durante un «allanamiento sin orden judicial» . Según HaitianosRD, la audiencia del agente procesado por el caso fue aplazada para el 25 de noviembre .
La exigencia de Amnistía Internacional plantea un dilema que trasciende el caso concreto. Una investigación «independiente» implica que los agentes de la DGM y la Policía Nacional no pueden ser los únicos responsables de esclarecer lo ocurrido, y que el Ministerio Público debe asumir un rol activo que hasta ahora no se ha hecho público. La pregunta que AI formula si el uso de la fuerza fue legítimo y si hubo motivos discriminatorios requiere acceso a los registros del operativo, a los testimonios de los agentes involucrados y a las pruebas forenses que aún no han sido presentadas.
“Es vital que las autoridades expliquen cabalmente las circunstancias en que se emplearon armas de fuego, determinar si su uso fue legítimo y examinar posibles motivos discriminatorios en el marco de la actuación policial. El uso intencional de fuerza letal solo es admisible cuando se han cumplido varias condicionantes y es estrictamente inevitable para proteger una vida. La situación migratoria de una persona nunca justifica el uso ilegítimo de la fuerza”, señaló Piquer.
La misma manifestó que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad no solo de investigar esta muerte, “sino de poner fin a las políticas y prácticas que violan derechos humanos y discriminan a las personas por su origen nacional o color de piel”.
“La ausencia de investigaciones efectivas y de rendición de cuentas frente a denuncias de violencia y violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios alimenta un clima de impunidad que permite que estos abusos continúen. El Estado dominicano tiene la obligación no solo de investigar esta muerte, sino de poner fin a las políticas y prácticas que violan derechos humanos y discriminan a las personas por su origen nacional o color de piel”, exclamó Piquer
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Noticia original publicada y archivada digitalmente en: https://eldiariodeladiaspora.com/articles/amnista-internacional-insta-a-investigacin-independiente-tras-muerte-de-haitiano-en-punta-cana

