Carlos Hercule pide una evaluación del decreto electoral para evitar un aplazamiento de las elecciones
El exvicepresidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), el licenciado Carlos Hercule


EL DIARIO-DELA -DIASPORA.- El exvicepresidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), el licenciado Carlos Hercule, estima que es necesaria una evaluación del marco jurídico electoral para identificar las disposiciones susceptibles de bloquear el proceso y prevenir un eventual aplazamiento de las elecciones.
El exvicepresidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), el licenciado Carlos Hercule, estima que es necesaria una evaluación del marco jurídico electoral para identificar las disposiciones susceptibles de bloquear el proceso y prevenir un eventual aplazamiento de las elecciones.
Interviniendo este viernes 23 de octubre en el programa Panel Magik, el jurista señaló en particular las incoherencias del nuevo decreto electoral y las dificultades relacionadas con su aplicación.
Para el licenciado Carlos Hercule, la publicación de un calendario electoral no bastará para garantizar la celebración de las elecciones si no se resuelven los problemas contenidos en el marco legal.
El exbâtonnier de la orden de abogados del Colegio de Puerto Príncipe estima que el CEP podría fijar una fecha para el escrutinio incluso en ausencia de consenso sobre el calendario, a condición de identificar previamente los principales obstáculos jurídicos. «El calendario no es un fin en sí mismo. Es una herramienta de implementación, de aplicación del decreto electoral», recordó, abogando por una evaluación del texto antes de la publicación de un calendario realista.
El licenciado Hercule también llamó la atención sobre las dificultades relacionadas con la inscripción de los electores. Según las cifras que presentó, el CEP habría registrado a unos 14.000 electores durante los cinco primeros días en el registro electoral, frente a menos de 4.000 durante los tres días siguientes. El licenciado Carlos Hercule se interroga sobre la eficacia de los mecanismos de inscripción, a pesar de las modificaciones introducidas en el marco legal a principios del mes de octubre.
El licenciado Carlos Hercule también señala incoherencias en el decreto electoral, en particular la ausencia de los delegados de ciudad. Recuerda que el decreto electoral del 1 de febrero de 2006 había previsto su participación en la constitución de las asambleas municipales. Según él, esta omisión podría impedir la formación legal de esas instancias y perjudicar el proceso de descentralización. El excosejero electoral dice lamentar igualmente que las diferentes versiones del decreto electoral hayan sido publicadas sin un documento explicativo que permita comprender las modificaciones y supresiones efectuadas. A sus ojos, los cambios introducidos en el texto carecen de una justificación de conjunto, mientras que algunas disposiciones fueron flexibilizadas y otras endurecidas.
El exvicepresidente del CEP plantea también interrogantes sobre los plazos de renuncia impuestos a ciertas categorías de funcionarios que desean postular a un mandato electivo, en particular los delegados y vicedelegados, así como los oficiales del ministerio público. Estima que la articulación entre estos plazos, la publicación del calendario y el registro de las candidaturas puede crear dificultades de interpretación.
El licenciado Carlos Hercule también comentó la supresión de una disposición relacionada con las sanciones internacionales. La modificación del artículo 153, en particular la supresión de su punto 20, figura igualmente entre los elementos examinados por el licenciado Carlos Hercule. Esta disposición preveía una exigencia relativa a un certificado del Banco de la República de Haití (BRH).
Según el licenciado Hercule, su supresión plantea preguntas sobre las garantías que enmarcaban la elegibilidad de ciertas personalidades objeto de sanciones internacionales. Reconoce, no obstante, que ciertas exigencias documentales pueden complicar la participación de candidatos que estiman no estar en condiciones de proporcionar los documentos solicitados. El licenciado Carlos Hercule subraya sin embargo que la ausencia de disposiciones formuladas de manera suficientemente explícita puede favorecer interpretaciones divergentes.
Sobre la cuestión de la elegibilidad de las personas que tienen problemas con la justicia o que son objeto de acusaciones, el licenciado Hercule insiste en la necesidad de respetar el carácter general e impersonal de la ley. Estima que las disposiciones que enmarcan el acceso a las funciones electivas deben ser suficientemente claras para evitar tratar de manera diferente a categorías de candidatos sin una justificación jurídica precisa.
Para el antiguo responsable electoral, una evaluación profunda permitiría corregir las incoherencias señaladas sin necesariamente cuestionar el conjunto del texto vigente. Hace así un llamamiento a identificar los principales puntos irritantes del decreto a fin de crear las condiciones necesarias para la aplicación de un calendario electoral realista y para la celebración de las elecciones en el país.
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